España en estado de alarma

Hasta el 13 de enero, España estará oficialmente bajo Estado de alarma. Eso quiere decir que el ejército podría intervenir a la mínima en situaciones de “descontrol”. En democracia, es la primera vez que se aplica. No es de extrañar, puesto que se trata de una medida profundamente anti-democrática e inconstitucional. No tiene sentido una prórroga, pero el miedo del gobierno a un nuevo paro de los controladores –imposible en la práctica- en navidad prima sobre las libertades individuales con las que tanto se llenan la boca cuando llegan épocas electorales. Por otra parte, que no quepa duda de que, con la proclamación del estado de alarma, el gobierno ensaya nuevas prácticas de control y represión social por si en los próximos meses se generara algún otro tipo de protesta sindical grave.

Teniendo en cuenta el desmoronoamiento de los derechos laborales que ha propiciado el Partido Socialista –dejándose llevar por el canto de sirenas de la doctrina neoliberal impuesta por los mercados internacionales del capital- no es de extrañar que se puedan producir conatos de rebelión. Asistimos a una auténtica debacle. El Estado del Bienestar se tambalea y qué duda cabe que asistimos hacia el claro declive de los derechos socio-económicos de los que hasta ahora Europa se vanagloriaba tan ávidamente.

Pero el conflicto con los controladores –a quienes se ha tachado de poco menos que de terroristas- le ha venido bien al gobierno por otra razón. La decisión de privatizar parcialmente los aeropuertos españoles llega en un momento idóneo para ser aplicada, aunque haya que agilizarla rápidamente. No hay mal que por bien no venga. El grupo que aún dirige Zapatero ve como se allana el camino a otorgar la gestión de las terminales a grupos privados, en un clima donde el odio hacia Aena está más en entredicho que nunca. En ese sentido, ¿a qué vino el decretazo que recortaba los derechos laborales de los controladores justo una semana antes al puente de diciembre? ¿Acaso no buscaría el gobierno provocar ligeramente a los controladores para que estallaran?

A tenor de todos esos acontecimientos, es obvio que España es un estado de excepción, que a la torea se salta los derechos humanos cuando los intereses empresariales se mezclan de por medio. Militarizar el espacio aéreo ha sido la gota que colma un vaso de un país que ha perdido el rumbo y se halla en un caos técnico, un KO antes de llegar al primer asalto. El actual gobierno será recordado por muchas cosas, pero a punto está de alcanzar al anterior de Aznar en su exterminio de los valores democráticos . Wikileaks ha demostrado la distancia entre la retórica socialista y la práctica. Da vergüenza ajena escuchar a la actual ministra de exteriores, la infumable Trinidad Jiménez calificando en la intimidad a los líderes sudamericanos de izquierda -elegidos democráticamente en las urnas- de poco menos que de burros e incompetentes. No cabe extrañar que, en ese orden de cosas, el crédito político por parte de la ciudadanía se encuentre en las cotas más bajas de las últimas décadas.

Pero, agárrense, porque lo que viene es todavía peor: la derecha se abre paso en toda Europa, ávida de carne humana, de profundizar en las privatizaciones y de otorgar el poder económico a quienes más sedientos de él están: la alta burguesía, los empresarios, “emprendedores” y los banqueros (qué casualidad, precisamente quienes provocaron la crisis con su política de laissez faire). No hay marcha atrás, nos hallamos en un bucle calamitoso que durará años. Adiós, Europa, adiós.