De todos los países maltratados del continente americano, seguramente Colombia es el que sale mejor parado en la prensa occidental. Si bien todas las informaciones de los grandes medios de comunicación suelen estar enfocadas claramente contra las políticas de los países socialistas, Colombia se enmarca en una postal áurea donde sin duda alguna la interpretación no se ajusta para nada en la realidad sociopolítica de un país que ocupa el quinto puesto del continente en el número de personas hambrientas, según la ONU. En España, por ejemplo, ese apoyo injustificado (que no tienen Venezuela o Bolivia, por ejemplo) se debe a dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, los intereses empresariales de los principales grupos mediáticos. PRISA, por ejemplo, es el propietario de El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, así como de la emisora más escuchada, Radio Caracol.
En segundo lugar, el hecho de que el país gobernado por Álvaro Uribe cuente con el apoyo institucional de Estados Unidos también es un motivo de fuerza. Un nombre, el de Uribe, que parece ser la pieza clave para la consolidación de Colombia como el bastión de la política norteamericana. Así es como se comprende la decisión de instalar ocho bases militares de la gran potencia mundial en territorio colombiano. Una clara apuesta de Obama (nobel de la paz) para vigilar de cerca las políticas antiimperialistas del venezolano Hugo Chávez y sus aliados. Los medios dominantes, por supuesto, a penas han hablado del impacto de esa militarización en un país ajeno, y se han centrado en maximizar las declaraciones de Chávez sobre la amenaza de una guerra con Colombia, totalmente sacadas de contexto para presentar al presidente como un incontinente verbal belicista, en su tónica. Pero si preguntamos a cualquier ciudadano español sobre el por qué de esas declaraciones, seguramente se encoja de hombros.
Pero ¿qué es lo que ocultan los medios sobre Colombia? En primer lugar, su economía. Es común que diarios como El País o El Mundo publiquen artículos aludiendo a una supuesta bonanza económica del país, frente a un silenciamiento de los logros económicos de los países con regímenes bolivarianos. Nada más lejos de la realidad. Los datos de la OMC aseguran que en Colombia existe una pobreza del 51,5%, un paro del 11,6% y un salario mínimo de 170 euros (en Venezuela es de 286 dólares). Además, 4 de cada 100 empleados cobra menos de esa cantidad. El 27% de los colombianos viven con menos de un dólar al día y 10,8 millones están en la indigencia (según el último informe de la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, un 2,7% en este año más respecto a 2008). Un país con tierras de calidad y cantidad como para nutrir a toda América Latina que, sin embargo, es víctima de una política caciquista basada en un modelo fuertemente bipartidista (se alternan constantemente liberales y conservadores en el poder) y que no da opción a los partidos de izquierda o a los socialdemócratas.
Precisamente cuando Unión Patriótica –el primer partido de izquierdas que trató de presentarse a las elecciones- se formó, se produjo una represión política que condujo a su desaparición forzada. A raíz de esa imposibilidad de actuar en las urnas, nacieron dos grupos armados, en los años 60, con el objetivo de imponer por la violencia lo que pacíficamente es imposible. Precisamente, las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) se han convertido ahora en las cabezas de turco de todos los males de Colombia. Todos los problemas tienen su raíz, según los medios, en dichas bandas organizadas, que nacieron con la intención de proteger a los campesinos de las políticas de exterminación impuestas por el gobierno. Se les imputa todo tipo de atentados, aunque ellos mismos los nieguen.
Precisamente para reprimir a la insurgencia surgen a finales de los 70 los primeros grupos paramilitares, promovidos por Uribe, cuando era todavía alcalde de Medellín. Organizados principalmente por terratenientes y grupos emergentes de narcotraficantes, para que prestaran seguridad a los cultivos de coca e intimidaran y atentaran contra sindicalistas y líderes populares. Numerosos dirigentes políticos fueron asesinados. Entre 1986 y 2008 hubieron un total de 2.669 asesinatos.
Actualmente, se vinculan 68 congresistas con el paramilitarismo, lo que pone en duda la legitimidad del congreso. Desde que Uribe llegó al poder, en 2002, su promesa de mayor seguridad mediante el fortalecimiento del ejército y las armas está consolidándose como la mejor forma de propaganda para lograr el apoyo estadounidense. Ese supuesto aumento de la seguridad, según los medios, se traduce en cuatro millones de desplazados despojados de sus tierras y en más de 10.000 desaparecidos. Sin embargo, los medios españoles silencian constantemente estas cifras, en contrapartida con lo que sucede con los datos de los exiliados cubanos, que no dudan en magnificar y resaltar continuamente.
Por lo tanto, el de Uribe es un gobierno construido sobre la base de una represión sanguínea contra el movimiento obrero y los líderes sindicales, una explotación desigual de los recursos de los agricultores y una pobreza sólida contra la que las medidas efectivas brillan por su ausencia. Colombia es, además de la gran aliada de Obama en Latinoamérica (por su condición de país conservador y receptivo a sus políticas), una dictadura camuflada donde el terror del paramilitarismo es el pan diario con el que se topan sus ciudadanos y ciudadanas, forzados aun sistema político que a penas les representa y donde los narcotraficantes campan a sus anchas con la inhibición intencionada de las instituciones.
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