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miércoles, 17 de noviembre de 2010

Con los intereses por delante

31 millones de euros. Es la cantidad que España vendió en armas a Marruecos, el mismo país que ahora evita condenar pese a que sus gobernantes tienen manchadas las manos de la sangre derramada por decenas saharauis (a falta de conocer la magnitud real del genocidio). Del derramamiento es responsable el gobierno español, no sólo por evitar condenar los hechos, sino sobre todo porque la tutela del pueblo saharaui sigue estando en nuestras manos, a falta de que la inoperante Naciones Unidas dicte una sentencia tras más de treinta años de deliberación sobre la voluntad de emancipación territorial de los saharauis.

¿Qué intereses tiene Marruecos en el Sáhara? Fosfatos, pesca y petróleo. Lo suficiente para que, a través de un brillante aparato de propaganda, la mayor parte de la ciudadanía marroquí piense en los saharauis como independentistas violentos y radicales. El mismo aparato propagandístico que ahora, en manos del primer ministro de Rabat, cargue contra los medios españoles acusándolos de manipulación mediática. La independencia no casa con los principios inquisidores de la monarquía de Mohamed VI (por cierto, íntimo amigo de Juan Carlos I) y todo intento de informar es llamado “injerencia” por su parte. No ha ocurrido lo mismo con los medios franceses, mucho más serviles con las políticas marroquíes.

¿Qué intereses tiene España con Marruecos? Los suficientes para que Zapatero los superponga a los derechos humanos cuya bandera tanto ha enarbolado a lo largo de sus dos legislaturas. La hipocresía manda entre la gobernanza mundial cuando lo económico se interpone. Las garantías de una política anti-terrorista y la posición estratégica de Marruecos para contener la inmigración subsahariana (muy efectiva en los últimos años con su política de mano dura en las fronteras) son claves en el conflicto. Por otra parte, España es la segunda inversora en el país africano, sólo por detrás de Francia. Con inversiones por valor de más de 238 millones de euros y 800 empresas afincadas en el país, España ejerce un importante control sobre los bancos y las entidades financieras, que controlan el grueso del sector industrial. Entre las multinacionales españolas, destacan Telefónica, el Corte Inglés, Roca o Indo. El miedo a un deterioro de las inversiones tras otro posible conflicto diplomático sume al gobierno español en la neutralidad.

Las horas pasan. La condena no llega y la incertidumbre no cesa, dada la hábil desinformación con la que está dispuesto Marruecos ha invadir el mercado mediático.

domingo, 28 de febrero de 2010

La guerra por el periodismo

Aunque Fukuyama anunciara el fin de la historia tras la guerra fría, bien sabemos que no ha sido así. Los conflictos ideológicos, las guerras, han continuado sucediéndose tristemente durante los últimos treinta años. Ahora bien, lo que sí ha cambiado posiblemente es la manera en la que se está escribiendo esa historia, a través de los medios de comunicación de masas. Hemos comprobado como éstos han ido cada vez subsumiéndose más a la lógica del poder, desplazándose de los conflictos ciudadanos para protegerse más bajo la sombra de las instituciones. Los medios desinforman, no cabe duda, en materia de conflictos internacionales. Y lo hacen ocultando verdades, mostrando únicamente la información de uno de los contendientes y plegándose a los intereses económicos.

Fue quizás la guerra del Golfo uno de los primeros conflictos armados en los que se escenificó la gran mentira de la cobertura mediática. Dicha guerra se convirtió en un espectáculo televisivo, caracterizado por una estética de película de acción, con una garantía de serialidad que contribuía a mantener a los espectadores enganchados ante la pantalla televisiva. La contienda se convirtió en un simulacro no sólo por esos aspectos de similitud con la ficción, sino también porque en ella se emplearon todos los requisitos que convierten a la información suministrada por los medios en propaganda de guerra. El pentágono y el resto de instituciones de los países aliados comenzaron a comprobar que no era tan difícil ganarse a los periodistas, y éstos comenzaron a cubrir los conflictos bajo el auspicio de las tropas de sus países, convirtiéndose irremediablemente en propagandistas de sus acciones.

Generalmente, comenzó a verse la prohibición de entrada de los periodistas a los núcleos de batalla de los conflictos como algo normal, una medida de seguridad para los profesionales. Pero bajo esa cara se halla otra verdad incómoda, porque de esa manera se minimiza la capacidad exploratoria sobre el terreno del periodista y no es posible poner en cuestión el discurso hegemónico. No son pocos los casos documentados de periodistas que se dedican a esperar en sus hoteles a que les lleguen los telegramas informativos del gobierno o del ejército de turno, comunicando el número de bajas y las operaciones detalladas que se van a realizar. ¿Es eso periodismo? Evidentemente, si no se contrasta con otras fuentes, si no se investiga la versión del otro bando en cuestión, no.

El funcionalismo parece estar triunfando. Las ideas laswellianas de la necesidad de los gobiernos de usar a los medios de comunicación como instrumentos propagandísticos destinados a crear consensos y cohesión en la población ha ganado mucho el terreno al periodismo serio, riguroso y mínimamente imparcial. Por otro lado, con la obsesión de la actualidad, las informaciones sobre conflictos internacionales tienen al reduccionismo: las categorías buenos y malos se emplean sin pudor, bajo la inconciencia que supone no mostrar el contexto histórico del conflicto, las causas y consecuencias del mismo, fundamental para entender el comportamiento de los bandos implicados en el mismo.

Ante este desolador panorama, los más perjudicados son los ciudadanos, saturados con ideas, prejuicios y mentiras que no contribuyen más que a generar una visión fraccionaria y reduccionista de la realidad social. La pregunta es: ¿Se puede hacer algo por frenar los intereses de los medios? La respuesta no es sencilla, porque parece que los directivos de los mismos se hallan muy cómodos en sus posicionamientos mercantilistas. La competencia es feroz y salirse del discurso oficial puede ocasionar rápidamente la caída en las ventas. Las comisiones ofrecidas por las instituciones internacionales, el ofrecimiento de seguridad por parte de los ejércitos del propio país y la tendencia a ver al ejército nacional como más cercano. Son factores influyentes a la hora de abordar de una determinada manera las noticias.

Necesitamos volver a la idea del corresponsal como una especie de gurú con unos conocimientos inusitados de la zona de conflicto, donde debe residir de manera asidua. Los recortes económicos en los medios obligan a crear la figura de los corresponsales itinerantes: gente que va de aquí para allí, que pasa por varios países y no llega a comprender bien la realidad social de ninguno de ellos. Eso en un problema que cabe atajar. Defendemos la independencia de los periodistas, sí, pero ¿qué puede hacer un corresponsal si el director de su medio decide que es preferible mostrar una información directamente ofrecida por un ejército determinado o por el mismísimo Pentágono? Es la guerra que el buen periodismo debe librar.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

La paz era una paloma (merodeada por buitres)

Quizás sea una de las palabras más utilizadas para justificar las más atroces barbaridades. Al mismo tiempo, es un brillante recurso elucubrado por demagogos, falsos demócratas y discutidores sin argumentos. Hablamos del término paz. Un concepto sobre el que se han tenido discusiones acaloradas e intensos debates desde el principio de los tiempos. Y es que ¿quién puede oponerse a que haya paz? Absolutamente nadie. De lo contrario, estaríamos hablando ante un fascista, un nazi, un violento por naturaleza que no ama a la condición humana. Según el discurso oficial, por lo tanto, es mejor una paz agónica y precaria que la incertidumbre de enfrentarse a un nuevo modelo.

La paz es utilizada descaradamente por los gobiernos y los medios de comunicación como un instrumento de legitimación social. Un modelo ideal de vida que marca lo que es bueno y deseable para el conjunto de la humanidad. Donde haya paz, todo vale. Cantaba Raimón de vegades la pau és un desert. Cuánta razón tenía. En 1984, la novela de George Orwell, el Gran Hermano aseguraba una guerra permanente contra estados inexistentes y ponía en la paz el ideal supremo al que había que llegar y para el cual todo el mundo debía colaborar. Desde esta perspectiva, nadie medianamente cuerdo podría oponerse a la paz, aunque tuviera que sacrificar cualquier cosa a cambio.

Hoy, lo que sacrificamos por la paz es nuestra libertad, nuestra privacidad y, muchas veces, nuestros derechos fundamentales. Las cámaras de seguridad se han extendido por doquier y prácticamente no podemos hacer nada sin ser controlados por ellas. Pero, cuidado, es por nuestra seguridad. Y entre seguridad y guerra, siempre gana la primera. La paz era una paloma, dice otra canción, esta vez del grupo vasco Soziedad Alcohólica. Una banda perseguida judicialmente por expresar en sus letras ciertas dosis de violencia y por cagarse –con perdón- en quien “no debieran”. Así, vemos como también sacrificamos nuestra libertad de expresión por la paz. ¿Qué somos, al fin y al cabo, si vivimos en una sociedad donde ni somos libres ni tenemos privacidad?

El pacifismo actual es una patraña. Aquellas y aquellos que enarbolan su bandera no se dan cuenta de que luchan por un ideal imposible, porque ya se lo ha adueñado el Estado del Bienestar, la sociedad del consumo. El capitalismo, en definitiva, ha sabido defender ciertas guerras con el ideal supremo del pacifismo incrustado. Ahora, los ministerios de la guerra –como dilucidaba Orwell- buscan la paz, con lo que ambos términos se confunden en una dicotomía legitimada. Contra un Sistema que utiliza selectivamente la violencia (a veces no física, pero sí una violencia invisible, aunque siempre dolorosa), si buscamos una paz verdadera, basada en la solidaridad y la justicia entre los pueblos, no puede ser por otro medio que no sea mediante la violencia.

El Estado de Derecho legitima el derecho a emplear la violencia, empuja al individuo a venderse como fuerza de trabajo, a la precariedad y al sometimiento dentro los límites establecidos. Mediante esa violencia estatal invisible, cientos de miles de personas se suicidan al año en todo el mundo y otras tantas mueren a causa de las “guerras por la paz”. Si queremos luchar por un pacifismo verdadero, construido sobre unas bases sólidas, no hay otro camino que no sea la revolución violenta contra todos los elementos que aún hoy, como antaño, siguen conformando ese ente depredador que es el poder.