Cómo criminalizar la desobediencia civil

Anna, sábado 23 de octubre. Un grupo de jóvenes se convoca a las puertas de un acto institucional del que serán partícipes el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el de la diputación, Alfonso Rus. El secretismo del Partido Popular del municipio entorno a la visita de los dirigentes ofrece un escaso margen de tiempo a los manifestantes para preparar la convocatoria. Al final, sólo un grupo de unos diez jóvenes acude. El PP ha logrado desactivar en parte la protesta. Camps, además, no había comunicado oficialmente su estancia entre la comitiva.

A la movilización se suman indirectamente algunos padres de alumnos de la localidad. El Partido Popular prometió en 2007 la inminente construcción de un colegio largamente reivindicado por la comunidad educativa de Anna durante años. Algunos padres y madres colocan pancartas (poco visibles) frente al acto institucional. La AMPA del colegio Ramón y Cajal ha desestimado como asociación estar presente en la protesta y sólo son dos o tres interesados quienes, a título individual, participan. Da la coincidencia de que la presidente de la AMPA del municipio es, precisamente, edil del PP en la oposición. Como ella, la mayor parte de madres y padres simpatizan con su ideario y deciden no participar para no dejar mal parados a sus ídolos políticos. Alarma el partidismo que preside el mundo de la escuela y sus órganos de gobierno. La nula independencia impide que a los oídos de Camps llegue la reivindicación de los padres y los alumnos, que conviven en un centro con nulas medidas de seguridad.

El grupo de jóvenes protestan contra la futura construcción de un macrovertedero en el adyacente municipio de Llanera de Ranes. El portavoz del Partido Popular asegura que están alentados por el equipo de gobierno de Anna y acusa directamente a un edil de provocar la protesta. La jefa de prensa del PP lanza la misma hipótesis ante los medios. Los jóvenes, sin embargo, se declaran independientes de cualquier organización política, únicamente movidos por una causa que consideran justa, miembros de un colectivo cívico. Pacíficamente despliegan sus pancartas. De manera inmediata, se ven cercados por seis miembros de la policía vestidos de paisano y por el jefe de la Policía local. Éste último les engaña deliberadamente impidiéndoles ejercer su libre derecho a la libertad de expresión y protesta, propio de toda democracia avanzada. Asegura que el jefe del Consell llegará por un lado y les prohíbe desplazarse. Al final, el truco se desvela. Camps acude por el lado contrario.

La policía ha logrado su objetivo. En connivencia con el poder político, criminaliza la desobediencia civil y consigue desarmarla. Camps se va de rositas, evitando cruzarse con los manifestantes. La causa justa se desvanece cuando jóvenes de Nuevas Generaciones increpan a los manifestantes tachándolos de “guarros”, como los fachas llaman a la gente de izquierdas. Son jóvenes de las comarcas que se verán afectadas por el macrovertedero. Jóvenes conservadores que se comportan como tales: no protestando por las injusticias, conformándose con el estado de cosas existente y vistiendo muy correctamente, absolutamente partidistas y de ninguna manera independientes.

Pero el momento estelar llega al final. Alfonso Rus hizo gala de su catálogo de buenas maneras y, sin venir a cuento, lanzó todo tipo de improperios contra los activistas anti-vertedero a su salida del evento. Palabras extremadamente malsonantes, cortes de manga, descalificaciones personales e incluso un amago de agresión. Todo un representante de una buena parte de los valencianos burlándose de los métodos democráticos, de los ciudadanos que le votaron y lanzando por los aires el civismo. ¿Qué hicieron los militantes populares allí congregados? Lejos de condenar a Rus, su líder ideológico y espiritual, su musa, su imagen de poder, lo aplaudieron. Alabaron una actitud tan despreciable que daña los mismos cimientos del Estado democrático español. Jóvenes y ancianos alineados contra gente de su propio pueblo, insultando también, contagiados por la actitud de su bajito dirigente.

Junto a la policía, hay un sector de la población que también criminaliza a los desobedientes. Son conformistas resentidos porque saben que, en el fondo, se identifican con la causa de los que protestan. A la policía le pasará igual. Varios miembros de la Plataforma No al Macrovertedero de Llanera denuncian que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les tienen totalmente fichados. A alguno le llegaron a preguntar domicilio y situación laboral en una manifestación, sin venir a cuento. A otro, durante la convocatoria del sábado, lo acompañan hasta el baño. Reducen a los desobedientes a la condición de terroristas y, al mismo tiempo, consiguen disuadir a otros potenciales desobedientes que no quieren verse metidos en bases de datos policiales ni enfrentarse a masas conservadoras cargadas de ira contra su inconformismo.

Camps visita Anna de incógnito pero no logra esquivar las protestas

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Oficialmente, la visita que Francisco Camps efectuó el sábado al municipio de Anna no existió. Su nombre no figuraba en las convocatorias de prensa que el Partido Popular envió a los medios de comunicación y su participación en el almuerzo junto a Alfonso Rus tan sólo se conocía entre los corrillos de los militantes. En la localidad, le esperaban dos focos de protesta. El primero, el conformado por miembros de la Plataforma No al Macrovertedero de Llanera. El segundo, compuesto por los miembros del AMPA del colegio de la población, que colocaron pancartas frente al edificio donde se celebró la reunión. Censuraban así el retraso en la construcción de un nuevo centro público, prometido por el PP en las elecciones de 2007.

A pesar de no ser oficial, la noticia de la visita de Camps se extendió por el municipio y no evitó que algunos manifestantes se convocaran a las puertas del evento. Una comitiva de activistas esperaba al presidente al frente de una gran pancarta contestataria. Sin embargo, la coordinación de la policía local fue eficaz y permitió que la llegada de Camps no se topara con los manifestantes, de modo que su vehículo tuvo que atravesar varias calles en dirección prohibida para llegar hasta el acto. El coche se detuvo a las puertas del edificio y en un visto y no visto el presidente entró en el recinto, entre los silbidos de los manifestantes concentrados en el exterior. Éstos recibieron insultos, por otra parte, de miembros de las Nuevas Generaciones del Partido Popular.

En el almuerzo de trabajo participaron diversos alcaldes y portavoces del PP de la Canal de Navarrés, junto a más de 300 militantes, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus y Rafael Blasco, en calidad de coordinador del programa electoral. En un discurso muy crítico, Francisco Camps arremetió contra la remodelación del gobierno de Zapatero. “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, señaló el presidente del PPCV ante sus militantes. “Si cambian de tripulación pero no de capitán, España sigue sin rumbo”, prosiguió. Por su parte, Rus comparó al gobierno con el programa televisivo Gran Hermano: “Los ministros entran y salen, pero el problema, que no es otro que el presidente del Ejecutivo, ahí se queda”, ironizó.

Rus se enfrenta a los manifestantes congregados profiriendo insultos

Miembros de la Plataforma No al Macrovetedero de Llanera censuraron la actitud de Alfonso Rus tras acabar el acto. Según varios testigos del evento, el alcalde de Xàtiva increpó a los activistas empleando graves descalificaciones a la salida del edificio donde se celebró el evento. “Nos ha llamado drogadictos y nos ha hecho varios cortes de mangas”, asegura Jesús, uno de los convocados. “Simplemente le habíamos dicho que queríamos hablar con él, pero entonces se ha vuelto loco, ha perdido el control totalmente y ha hecho amago de venir hacia nosotros”. Así calificaba otro de los manifestantes el suceso, que fue también condenado por miembros del consistorio local.

Mercaderes del dolor (el lucrativo negocio de las farmacéuticas)

Que la industria farmacéutica mueve billones en el mundo es un hecho (es el tercer sector económico mundial, tras el comercio de armas y el narcotráfico, según Naciones Unidas). Los medicamentos son, al fin y al cabo, bienes de consumo, y como toda empresa en un sistema capitalista, el objetivo de las entidades que distribuyen fármacos es, lógicamente, maximizar sus beneficios. Cuánto más enferma esté la sociedad, más ventas, con lo que no es poco común que se magnifiquen y exageren síndromes con tal de que la demanda de medicamentos crezca. Los gigantes farmacéuticos inyectan hipocondría en la sociedad a través de agresivas campañas publicitarias (destinan el doble en promoción que en investigación) y terminamos atiborrados de pastillas que, en ocasiones, no pasan de ser puros placebos. Son mercaderes que convierten el dolor pasajero en trastorno grave y la salud de millones de personas en un negocio multimillonario.

Como casi siempre, quizás lo peor de todo son las fuertes subvenciones públicas que la industria recibe para la investigación. Unos estudios que, en muchas ocasiones, terminan en esa descarada invención de patologías inexistentes. Una mayor transpariencia es deseable, si no se quiere llegar al extremo de la nacionalización del sector. Lo que resulta escalofriante es que, mientras en el primer mundo gastamos miles de euros en medicinas que curan dolencias que bien podrían curarse solas, con un poco de tolerancia del dolor, millones de personas mueren en los países pobres por meros resfriados y enfermedades de baja peligrosidad aquí, por el hecho de no tener acceso a los fármacos. Es para reflexionar.

Injusta justicia

La sociedad ilustrada tenía el firme compromiso de velar por la justicia igualitaria para todo el mundo, incluyendo las clases tradicionalmente consideradas subalternas. Por supuesto, como en toda sociedad de carácter estamentario y de concentración del poder, el compromiso era en realidad una mera declaración de principios, una de tantas cosas que salen de las bocas de los políticos para mantener contenta y bajo una vida ilusoria a las clases más desfavorecidas. Llegó la sociedad moderna. Y luego la posmoderna. Y la justicia no cambió un ápice. Siguió siendo un mero instrumento controlado y dirigido por el poder para beneficiar a los poderosos.

El Estado Español se ve azotado por numerosos escándalos de corrupción. “Escándalos” que no dejan de ser eso, meras portadas en diarios e informativos que no se traducen en nada tangible. El firme compromiso de la justicia desaparece cuando de juzgar poderosos se trata. ¿Qué ha pasado con Ric Costa, ese superpijo portavoz popular que ha terminado siendo devuelto a su sillita en Les Corts, pese a ser apartado del partido por cohecho? Nada de nada. Lo mismo que pasará con Francisco Camps, pese a estar más que demostrada, con pruebas y conversaciones más que tangibles, su implicación (nada presunta) en la trama Gürtel. Nada sucederá con los detenidos esta semana en Murcia, también del PP (¿casualidad?) por los mismos cargos relacionados con delitos urbanísticos.

Algo pasa cuando el cuerpo policial funciona a las mil maravillas, orquestando brillantes operaciones que descubren las tramas de los que nos gobiernan, pero sus investigaciones no llegan a ningún puerto. Se pierden en un camino que obstaculiza demasiado juzgar a alguien cuando tiene una mínima resonancia política o pública. La politización de la justicia y esa absurda división del TSJ en populares y socialistas no hace más que caminar en ese sentido. Dicen que la democracia y el Estado Moderno se asientan en un pilar fundamental, pero ese pilar ya hace tiempo que se resquebrajó. La democracia muere en los cajones de la burocracia de los juzgados y, mientras tanto, quienes cargan con las consecuencias de todo este berenjenal de chorizos extorsionados no es otro que el pueblo llano. Como siempre. Como en todas las épocas, en todos los siglos.

Y luego llegan las manifestaciones. El pueblo clama contra sus gobernantes. En Zarra, los manifestantes contra el almacén nuclear que el Gobierno les quiere imponer, han sido denunciados por la policía por “obstrucción del tráfico”. Quedaron marcados por una justicia que no se sabe muy bien a quién sirve, y ahora, humillados y escarmentados para lo que queda de manifestaciones. Lo mismo ha ocurrido con el caso del Cabanyal. La policía nacional al servicio del señor delegado del Gobierno fue quien aporreó a decenas de manifestantes que, pacíficamente, realizaban una sentada para paralizar los polémicos derribos. Moretones y palo a raudales. Sin embargo, ahora los denunciados y condenados no son los azules, sino los propios vecinos. A la otra se lo pensarán dos veces antes de protestar para que no derriben sus viviendas.

Es entonces cuando, comparando a unos malhechores con otros, los que cumplen condena con los que se libran, te das cuenta de que algo falla. ¿No te ha pasado?