Injusta justicia

La sociedad ilustrada tenía el firme compromiso de velar por la justicia igualitaria para todo el mundo, incluyendo las clases tradicionalmente consideradas subalternas. Por supuesto, como en toda sociedad de carácter estamentario y de concentración del poder, el compromiso era en realidad una mera declaración de principios, una de tantas cosas que salen de las bocas de los políticos para mantener contenta y bajo una vida ilusoria a las clases más desfavorecidas. Llegó la sociedad moderna. Y luego la posmoderna. Y la justicia no cambió un ápice. Siguió siendo un mero instrumento controlado y dirigido por el poder para beneficiar a los poderosos.

El Estado Español se ve azotado por numerosos escándalos de corrupción. “Escándalos” que no dejan de ser eso, meras portadas en diarios e informativos que no se traducen en nada tangible. El firme compromiso de la justicia desaparece cuando de juzgar poderosos se trata. ¿Qué ha pasado con Ric Costa, ese superpijo portavoz popular que ha terminado siendo devuelto a su sillita en Les Corts, pese a ser apartado del partido por cohecho? Nada de nada. Lo mismo que pasará con Francisco Camps, pese a estar más que demostrada, con pruebas y conversaciones más que tangibles, su implicación (nada presunta) en la trama Gürtel. Nada sucederá con los detenidos esta semana en Murcia, también del PP (¿casualidad?) por los mismos cargos relacionados con delitos urbanísticos.

Algo pasa cuando el cuerpo policial funciona a las mil maravillas, orquestando brillantes operaciones que descubren las tramas de los que nos gobiernan, pero sus investigaciones no llegan a ningún puerto. Se pierden en un camino que obstaculiza demasiado juzgar a alguien cuando tiene una mínima resonancia política o pública. La politización de la justicia y esa absurda división del TSJ en populares y socialistas no hace más que caminar en ese sentido. Dicen que la democracia y el Estado Moderno se asientan en un pilar fundamental, pero ese pilar ya hace tiempo que se resquebrajó. La democracia muere en los cajones de la burocracia de los juzgados y, mientras tanto, quienes cargan con las consecuencias de todo este berenjenal de chorizos extorsionados no es otro que el pueblo llano. Como siempre. Como en todas las épocas, en todos los siglos.

Y luego llegan las manifestaciones. El pueblo clama contra sus gobernantes. En Zarra, los manifestantes contra el almacén nuclear que el Gobierno les quiere imponer, han sido denunciados por la policía por “obstrucción del tráfico”. Quedaron marcados por una justicia que no se sabe muy bien a quién sirve, y ahora, humillados y escarmentados para lo que queda de manifestaciones. Lo mismo ha ocurrido con el caso del Cabanyal. La policía nacional al servicio del señor delegado del Gobierno fue quien aporreó a decenas de manifestantes que, pacíficamente, realizaban una sentada para paralizar los polémicos derribos. Moretones y palo a raudales. Sin embargo, ahora los denunciados y condenados no son los azules, sino los propios vecinos. A la otra se lo pensarán dos veces antes de protestar para que no derriben sus viviendas.

Es entonces cuando, comparando a unos malhechores con otros, los que cumplen condena con los que se libran, te das cuenta de que algo falla. ¿No te ha pasado?